Todas las entidades públicas (a nivel nacional, regional y local) están obligadas progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, a tener un Portal Internet de transparencia, teniendo éste como ventaja la reducción de los costos de transacción para el ciudadano que requiere información, lo que, a la vez, democratiza la información.

Aunque usted no lo crea, el Estado peruano tiene una Ley que faculta el acceso de cualquier ciudadano a la información pública: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nº 27806 del 2002. Este acceso a la información tiene dos mecanismos: a) el derecho a solicitar información y b) la obligación de publicar información mediante la instalación de portales Internet institucionales y/o su difusión mediante diarios y reportes periódicos.

Gracias a esta Ley el Perú ha dado un importante paso, contando no solo con un derecho humano, sino además con una herramienta para la vigilancia de la gestión del Estado. O sea que la ciudadanía tiene un medio para hacer frente a la "cultura del secreto de la gestión pública" que apaña las malversaciones de fondos. Vale subrayar que el incumplimiento de esta obligación por las entidades públicas es sancionado como falta grave e incluso pueden ser denunciadas penalmente por abuso de autoridad.

Sin embargo, ante una solicitud de información, la experiencia nos indica que existen serios problemas de cumplimiento: no hay funcionario responsable, no se da la información completa, la información es distinta a la solicitada y la información brindada está fuera de los plazos de ley. Esto plantea una necesidad de correctivos.